Vie. Jul 23rd, 2021

Trabajo anuncia una campaña para detectar incumplimientos entre las demandas de más personal por parte de los sindicatos de inspectores. Las penas de los más de 20.000 infractores detectados pueden llegar a los seis años de cárcel

El Ministerio de Trabajo ha presentado una campaña específica de Inspección de Trabajo para controlar el posible fraude en los ertes. El departamento liderado por Yolanda Díaz pretende poner coto a aquellas compañías que hacen o han hecho abusado de los recursos públicos habilitados para que las empresas recurrieran a las supensiones (y evitaran los despidos). Un total de 75.000 cartas ha enviado el Ministerio para informar a las empresas de que se les ha abierto una investigación para determinar si cumplen con todos los requisitos legales; una práctica habitual de Inspección de Trabajo en la mayoría de sus campañas contra posibles fraudes. En los dos últimos meses, la ‘policía labora’ ha realizado cerca de 20.000 inspecciones, 1.927 de ellas en Catalunya.

El incumplimiento más común que se encuentran los inspectores, según han explicado fuentes del cuerpo, es el de empresas que compatibilizan la percepción de ayudas públicas, con el pleno rendimiento de su actividad empresarial. Los sindicatos de inspectores afirman estar desbordados por la «avalancha tremenda» de expedientes a fiscalizar, pues el número de empresas que han recurrido a un erte en España ha superado el medio millón durante la fase inicial de la pandemia.

«Tratamos de impedir que el fraude de unos pocos comprometa el esfuerzo de tantos», ha afirmado el director de la Inspección de Trabajo, Héctor Illueca, en un vídeo difundido por redes sociales. Pues el volumen de recursos destinados desde el erario público para costear los ertes no tiene precedentes. Las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social requerirá de una inversión de 11.000 millones de euros entre marzo y septiembre, según explicó el ministro de Inclusión, José Luís Escrivá. A lo que cabe añadir el coste de las prestaciones por desempleo de los trabajadores, abonada por el SEPE y que el mes pasado tuvo un coste mensual de algo más de 3.000 millones de euros.

Pese a que Trabajo ha lanzado públicamente este miércoles la campaña específica para el control de los posibles ertes fraudulentos, este menester lleva siendo prioritario para el cuerpo de inspectores desde hace más de un mes. Especialmente desde la reapertura de negocios en las fases intermedias de la desescalada. Y con especial intensidad en las últimas semanas, pues, según ha podido saber este medio, el pasado 18 de junio se remitió a las direcciones provinciales una instrucción para tener terminadas o como mínimo visitadas todas aquellas actuaciones pendientes de resolución para antes del 30 de junio.  

Los inspectores piden más recursos: tocan a 268 ertes por agente

La magnitud sin precedentes de los ertes ha supuesto, a su vez, una intensa sobrecarga de trabajo entre la plantilla de inspectores, según denuncian los sindicatos. Según los últimos datos oficiales, en España hay 1.866 inspectores y subinspectores de Trabajo. Lo que deja una ratio de 1.875 empleados en erte (sobre un total de 3,5 millones de trabajadores afectados) por inspector. Y teniendo en cuenta que se registraron medio millón de erte, a 268 expedientes por inspector. «Estamos teniendo una avalancha tremenda y no nos están dotando de más recursos», afirma la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Ercoreca. «Así es imposible que podamos fiscalizar todos los ertes», coincide la portavoz de UPIT, Mercedes Martínez

Fuente: Elperiodico

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