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Pymes y autónomos podrán acceder a los 7.000 millones de ayudas si acreditan pérdidas de más del 30% en 2020 sobre 2019

Pymes y autónomos podrán acceder a los 7.000 millones de ayudas si acreditan pérdidas de más del 30% en 2020 sobre 2019
  • De momento no hay fecha de cuándo empezarán a llegar: el Gobierno se da mes y medio en sus trámites y después pasará a las comunidades 
  • Las quitas de la deuda serán solo el «último recurso» en la reestructuración a la que el Gobierno destina 3.000 millones.

Pymes y autónomos de los sectores más afectados por la pandemia podrán solicitar una ayuda del fondo de 7.000 millones que ha aprobado este viernes el Gobierno si acreditan que en 2020 tuvieron pérdidas de a partir de 30% de sus ingresos en 2019. Podrán emplearla en cubrir gastos fijos como salarios o arrendamientos y suministros, pagar a proveedores o devolver deudas generadas entre marzo de 2020 y mayo de 2021. 

 

Según el real decreto ley que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros, las ayudas directas se dividirán en dos partes. 2.000 millones se destinarán específicamente a Canarias y Baleares, al considerar que la caída del turismo ha afectado especialmente a su tejido productivo. Los 5.000 millones restantes se repartirán entre el resto de comunidades, en función de criterios de caída del PIB, del tasa de desempleo y de paro juvenil a fecha de diciembre de 2020.

Esta cantidad -7.000 millones- son los que finalmente se destinarán a ayudas directas del fondo de 11.000 millones para pymes y autónomos que ha aprobado este viernes un Consejo de Ministros extraordinarios, con el objetivo de garantizar la solvencia de empresas que lo eran antes de la pandemia y ayudarlas así a superar lo que se espera que sea el último tramo de la pandemia.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 40% de la caída de los ingresos de micropymes y autónomos (con hasta 10 empleados) y hasta el 20% para el resto de empresas. En el caso de los autónomos, se concederá una cantidad fija de 3.000 euros a los que tributen en régimen de estimación objetiva. Para el esto de empresas, las ayudas oscilarán entre 4.000 y 200.000 euros. 

De momento, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no han podido precisar este viernes a partir de cuándo llegarán las ayudas a pymes y autónomos. El Gobierno se ha fijado un mes y 10 días para tener listos los convenios y hacer las transferencias a las comunidades, que serán las que repartirán estos recursos. 

En cuanto a los sectores que podrán acogerse a estas ayudas, figura el turismo, la hostelería, la restauración, vinculados con la industria ligada al comercio y la hostelería al por mayor y minorista, sectores auxiliares de transporte y actividades relacionadas con la cultura y el deporte.

Calviño no ha detallado cuántas empresas beneficiarias prevé el Gobierno y se ha limitado a indicar que se han tenido en cuenta los sectores que se encuentran recogidos en los ERTE, pero ampliados «para tener en cuenta otros que no están cubiertos y podrían tener una situación de potencial sobreendeudameinto».

Lo previsto, ha continuado la vicepresidenta, es que el fondo «cubra buena parte de las empresas que han sido identificadas» como aquellas en las que la pandemia ha tenido «más impacto». «Llegar a todas aquellas empresas viables y a sectores y territorios más afectados».

No condicionadas a no despedir

Los 7.000 millones de ayudas directas forman parte del fondo de 11.000 millones que ha aprobado el Gobierno este viernes, tras semanas de tira y afloja no solo entre los dos miembros de la coalición sino entre ministros socialistas, debido a las reticencias iniciales de Calviño a financiar con ellos ayudas directas. Finalmente serán la mayoría. Tal y como estaba previsto en un principio, los otros 4.000 millones se destinarán a otros dos instrumentos, uno para que las empresas reestructuren su deuda y otro para la recapitalización de empresas de menor tamaño a las que pueden acudir al Fondo de Apoyo a la Solvencia de de la SEPI dotado con 10.000 millones para empresas estratégicas.

Las empresas que reciban estas ayudas tendrán que mantener su actividad hasta junio de 2022 y no podrán repartir dividendos o aumentar las retribuciones del personal directivo. Sin embargo, Calviño no ha dicho nada este viernes de que también tengan que mantener el empleo y que no haya despidos, una condición, por ejemplo, para los ERTE contra la que protesta la CEOE.

Además y fuera de la cantidad de 11.000 millones, el fondo se acompaña de un nuevo aplazamiento del pago de impuestos, durante un mes más. Hasta ahora,  empresas y pymes pueden demorar el pago de los impuestos correspondientes a enero, febrero y marzo durante seis meses sin intereses que ahora abarcará también a los impuestos del mes de abril.

Además, el Gobierno también ha ampliado hasta final de año la moratoria para desencadenar un procedimiento concursal, lo que evitará quiebras de empresas hasta entonces.

Quitas de deuda, último recurso

En cuanto a la reetructuración de la deuda, el Gobierno destina 3.000 millones pero lo que en principio iba a ser un plan de quitas se convierte finalmente en «el último recurso»

Es decir, empresas y pymes con créditos ICO podrán negociar la extensión del plazo de devolución o la conversión de estos préstamos en préstamos participativos y la reducción de la deuda mediante una quita será «el último recurso», ha señalado Calviño. 

Las quitas serán sobre el principal del crédito no sobre los intereses y para acceder a ellas se aprobará un código de buenas prácticas para que solo se dirijan a «empresas viables con problemas de sobreendeudamiento», ha dicho la vicepresidenta.

En este caso, la cantidad que el ICO deberá aportar a la quita será «proporcional» a su aval al préstamo, es decir, las entidades bancarias que respaldaron el resto también tendrán que participar en ella.

Rescates de empresas

El tercer fondo, de 1.000 millones, se destinará a la recapitalización de empresas afectadas por la Covid que no lleguen al tamaño de las que pueden acogerse al instrumento del ICO. 

Este fondo estará gestionado por COFIDES y se fija una condición por la que el Gobierno busca poder recuperar lo invertido, porque el Estado tendrá una participación en los «futuros resultados positivos» de las empresas que hayan sido ‘rescatadas’.

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